Las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de enero de 2025, según lo informado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Foto Gerardo Roberto.
Por Redacción Argenports.com
El Gobierno nacional anunció en noviembre la licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal bajo un esquema de gestión privada, asumiendo los riesgos empresarios y desligando al Estado del mantenimiento y administración de esta ruta fluvial.
Las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de enero de 2025, según lo informado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
El pliego contempla una modernización significativa, incluyendo la instalación de radares y sistemas satelitales para el seguimiento de los buques, en una vía por la que transita el 80% del comercio exterior argentino.
El proceso licitatorio ha generado controversias. Desde la Fundación Pensar, del PRO, alertaron sobre posibles sobrecostos para los productores, estimando un impacto de entre 2 y 3 dólares por tonelada.
También cuestionaron aspectos técnicos, como la falta de prácticas habituales en licitaciones internacionales, tales como roadshows o datarooms.
Por otro lado, algunos sectores han señalado exigencias estrictas para las empresas participantes y el sistema de puntuación empleado.
Consultadas por el medio Infobae, fuentes oficiales respondieron a las críticas aclarando que los requisitos buscan garantizar la sustentabilidad del proyecto.
Señalaron que la Vía Navegable Troncal es una de las más extensas del mundo, por lo que el respaldo económico equivalente a los ingresos estimados de un año es una medida razonable.
Además, recalcaron que las grandes empresas internacionales del sector cumplen con este criterio.
En cuanto a la experiencia, expresaron que las condiciones son moderadas: se exige un mínimo de tres años en trabajos de dragado en puertos o vías navegables, y antecedentes en proyectos que abarcan solo 250 kilómetros, menos del 20% de la extensión de la vía argentina, que es de 1.450 kilómetros.
El pliego también requiere que las empresas posean maquinaria propia, lo que, según explicaron, asegura la disponibilidad de equipos necesarios en picos de demanda y evita costos imprevistos derivados de alquileres.
Asimismo, se estableció que las empresas participantes deben constituir una sociedad anónima común al momento de firmar el contrato, como ocurrió con Hidrovía S.A., formada por Jan de Nul y Emepa en su momento.
Esto permite un control estatal más eficiente de las condiciones contractuales.
Sobre el sistema de puntuación, fuentes oficiales desmintieron que la propuesta económica tenga un peso ínfimo en la evaluación, como señalaron algunas críticas.
Indicaron que, de acuerdo con recomendaciones internacionales, la oferta económica representará el 60% de la puntuación total.
El exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuestionó las condiciones del proceso y alertó sobre los costos para los productores. Dietrich subrayó la relevancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay para la exportación de granos, que genera más de 30.000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, desde el oficialismo destacaron que durante la gestión de Dietrich no se definieron los pliegos para una licitación similar.
Entre las empresas que podrían participar de esta licitación se encuentran Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord, todas con trayectoria en este tipo de proyectos.