La Administración General de Puertos (AGP) prepara un escenario para que, llegado el momento, se mantenga como gestionadora de la vía troncal. Foto Buques del Paraná.
Por Facundo Borrego (*)
(*) Redactor de la corresponsalía Santa Fe de Letra P. Especialista en temas económicos, políticos y de negocios.
Mientras siguen las indefiniciones sobre quién se hará cargo de la administración y mantenimiento de la hidrovía Paraná - Paraguay en una licitación a largo plazo que aún está en veremos, la Administración General de Puertos (AGP), hace los deberes, silba bajito y prepara un escenario para que, llegado el momento, se mantenga como gestionadora de la vía troncal.
No hay un plan explícito, ni siquiera quieren tocar el tema, pero sobran indicios de algo que no está en los papeles.
No es casual que la AGP se enfocara desde que asumió la administración transitoria -que mantendrá hasta tanto se otorgue una concesión de fondo- en derribar, sin ir al choque, los prejuicios del establishment agroexportador.
Abundaron los señalamientos respecto a que la sociedad del Estado llegaba a la hidrovía para hacer caja política, pararse arriba del peaje y dormir por ineficiencia el pago a proveedores. Eso no ocurrió.
El propio presidente de AGP, José Beni, se encargó de dejarlo en claro al repasar los primeros seis meses de gestión en su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el Encuentro de Transporte Fluvial.
José Beni expone durante el 16° Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
En línea con el intento de prolijidad administrativa se implantó una estratégica política de información transparente para derribar sospechas de corrupción que siempre tiene a mano el sector.
“No estamos para ganar dinero: el balance perfecto es el cero”, dijo Beni, aunque el primer semestre mostró un superávit de 25 millones de dólares.
“No se encontraron con el monstruo estatal que creían que iba a romper todo”, explica alguien empapado en el tema desde la cocina de las definiciones.
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No existió la presunta mano estatal capaz de destrozar el negocio que estuvo cautivo por 25 años en el sector privado, más allá que, por lo bajo, le reclaman algunas obras puntuales de dragado, y se haya generado ruido con la marcha atrás en la adjudicación de la licitación corta tras la impugnación de un oferente.
Parece haber dos mensajes de la AGP. Uno comercial: con poco tiempo podemos hacer el trabajo de manera eficiente. Otro ideológico: podemos hacer todo eso siendo el Estado.
Es un mensaje direccionado a la particular tribuna del sector privado, reticente a lo estatal. En los últimos meses hubo resultado porque la sintonía cambió y hasta hay aceptación -probablemente a regañadientes- del manejo del peaje, al margen de los rabiosos de siempre.
La estrategia parece ser simple: enfocarse en administrar bien y que eso pese una vez que se tomen decisiones de fondo. Es decir, ser una opción de continuidad en un probable marco en el que los pliegos de la licitación larga se demoren una vez más.
En este sentido, suma a su estrategia softpower la presentación de proyectos para mediano plazo más allá de su límite contractual, inversiones y convenios en la misma sintonía, y hasta propuestas de fondo como estudios para un eventual cambio de traza.
La AGP evita hablar del tema y se limita a decir que es una sociedad del Estado preparada para continuar lo que sea necesario y le indiquen las autoridades nacionales.
En rigor, muestra cierta línea silenciosa y de prolijidad para dejar armado un escenario futuro, que posiblemente sea revuelto, en que sea la mejor opción para la concesión larga.
El inicio de esa concesión, en teoría, es el momento en que debería largar todo y darle lugar de administrador al Ente de Control y Gestión de la vía navegable, compuesto por ocho directivos del Ejecutivo nacional y siete de las provincias costeras.
Convoy de barcazas navegando por la Vía de Navegación Troncal.
En ese punto se anticipa un conflicto de intereses. El decreto N°556, que crea el ente, lo faculta en su artículo 5° a la “percepción de las tarifas o peajes a cuenta y orden del concesionario”. Es decir, lo que ahora hace AGP. En el ente ven incompatibilidades, pero lo cierto es que corre de atrás ya que ni siquiera se constituyó.
Si bien las provincias, al menos Santa Fe, no están viendo la jugada y confían ciegamente en el ente, hay un sector de legisladores santafesinos y de actores del círculo rojo que sí.
Los dirigentes políticos pretenden que el ente acelere la elaboración del pliego para la concesión, y no reniegan de que la AGP consolide su gestión para el futuro. Piden con énfasis que empiece a aclararse el panorama para los sectores productivos que son rehenes de movimientos políticos.
El convulsionado pasado reciente en el asunto, con marchas y contramarchas, demuestra que cualquier cosa puede suceder con los organismos creados y con el destino de la concesión.
Vale recordar que el presidente Alberto Fernández anunció una sociedad del Estado para gestionar la Hidrovía y a los pocos meses se enterró.
“Si funciona, no lo toques. No hagamos cambios inútiles que luego generen dolores de cabeza”, dijo Beni en la Bolsa de Comercio en relación a lo que hizo el sistema privado durante 25 años. La misma frase podría usar en un futuro poniendo de ejemplo lo que hace ahora la AGP.
Fuente: Letra P
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
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