Crece la polémica por el llamado “impuesto al viento” a los parques de energía eólica

Redacción Argenports.com

   Si bien su denominación es incorrecta, porque se trata de una tasa municipal por servicios, el llamado “impuesto al viento” sigue generando polémica en el país y es posible que hasta termine judicializándose en los próximos días.

   Aunque no se trata de un impuesto, sino de una tasa por servicios, la polémica decisión del municipio de Puerto Madryn vuelve a trascender los límites de Chubut para llegar incluso a la Casa Rosada.

   Según la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) esto pone en riesgo tanto las inversiones como la continuidad de las empresas y pidió la intervención del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

   En la ciudad de Madryn el oficialismo se defiende diciendo que en los medios nacionales se habla erróneamente de un “impuesto al viento” cuando lo que se cobra es la misma Tasa que pagan los vecinos que tienen comercios.

   Incluso señalan que ese término fue lanzado por las mismas empresas del sector, en vez de mencionar que se trata de la tasa de habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental, que utiliza como base imponible la potencia unitaria que posee cada aerogenerador.

Gustavo Sastre, intendente de Madryn.

   El Ejecutivo municipal argumenta que la Tasa mencionada se cobra por la contraprestación del Municipio, que está dada por los controles que se realizan en el lugar donde están instalados los parques, dentro del ejido municipal.

   “Se les pide que paguen la misma tasa que pagan todos, y voy a defenderlo, porque si esa tasa la paga un vecino que tienen una despensa, o una vecina que tiene un kiosco en el barrio, con más razón tienen que pagarla las multinacionales. Si no quieren, que lleven los molinos a otra parte. Por algo en cercanías a nuestra ciudad hay tantos parques eólicos. Mal no les debe ir”, dijo, en noviembre pasado, el intendente Gustavo Sastre.

   Sin embargo, el malestar existente en las empresas tiene que ver con la jugada hecha por el Ejecutivo municipal, que en 2019 logro que la legislatura provincial aprobara una ampliación sustancial del ejido urbano de Madryn, abarcando obviamente el sector donde se ubican los parques eólicos.

   Según CADER la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar millonarias sumas de dinero que no fueron previstas en sus propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.

   Para tomar dimensión de su impacto, CADER estima que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar 20 millones de dólares.

   Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de CADER, aseguró que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.

Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de CADER.

   La entidad dijo que los generadores renovables se encuentran amparados en la Ley 27.191, normativa que prevé la posibilidad de trasladar al precio de venta de energía cualquier impuesto, tasa o gravamen- sea nacional, provincial o municipal – que se incorpore a posteriori de la firma del contrato PPA, lo que terminaría impactando sobre toda la demanda de energía eléctrica nacional.

   “En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó.

   La situación preocupa a CADER y sus empresas miembros dado que, de prosperar, la provincia de Chubut avanzaría en una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados.

   Acentuando su posición, Alfonsín dijo que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia”.

   ¿Una provincia hostil?

   Aunque en Chubut las autoridades afirman actuar en defensa de los derechos de sus ciudadanos y de los intereses provinciales, la historia del llamado “impuesto al viento” no es nueva, ya que reconoce como antecedente una idea presentada en tal sentido, dos décadas atrás, por el legislador radical Carlos Alberto Lorenzo.

   Sin embargo, el proyecto, que apuntaba a sacar rédito de este tipo de recursos naturales, no prosperó, como tampoco lo hizo uno similar retomado en 2012 por el entonces diputado provincial Anselmo Montes, ya fallecido.   

Ricardo Sastre, vicegobernador de Chubut.

   Incluso Ricardo Sastre, vicegobernador de la provincia de Chubut  y hermano del intendente de Madryn, salió a fines del año pasado a defender la medida.

   "Como opinan... desde que ponemos barcos para "frenar el viento", hasta ahora que se les 'cobra a los molinos por ventilarnos", sostuvo en la red social Twitter.

   “Tanta critica a 1500 kms de distancia, podrían probar con instalarlos en la 9 de julio y se termina la discusión!!!!", agregó en alusión a los medios de Buenos Aires que difundieron las noticias sobre el “impuesto al viento”.

   Hoy, con la tasa vigente y su pago obligatorio a partir de enero, seguramente los parques continuarán funcionando en Madryn, aunque lo que no es tan seguro es cuántos más se radicarán en ese municipio de Chubut y en el país.