Varias entidades expresaron su desacuerdo con el manejo que hace el Estado de la Hidrovía

24 enero 2023

Cuestionaron una eventual inclusión en la concesión de los accesos a los puertos públicos, así como también la delegación a la AGP y el peaje en el tramo norte.


Los empresarios pidieron una audiencia al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) para tratar los temas planteados. Fotos Barcos en el Río Paraná.


Redacción Argenports.com

   En una dura nota dirigida al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), varias entidades vinculadas a la actividad agroindustrial y a la logística portuaria y marítima, manifestaron su disconformidad con varias medidas que el gobierno argentino viene instrumentando en la Hidrovía.

   Los cuestionamientos aluden principalmente a la posibilidad de utilizar la recaudación de los peajes para mejorar accesos a puertos públicos de las provincias ribereñas.

   También expresaron su disconformidad con la delegación de la Hidrovía a la AGP, solicitan una licitación pública internacional de la VNT y se oponen a la tarifa de peaje impuesta para el tramo de Puerto Santa Fe a Confluencia.

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   La nota fue dirigida al Ecovina, más precisamente a su vicepresidente primero, Hernán Darío Orduna, y al consejo directivo del organismo, al tiempo que incluye un pedido de audiencia para tratar todos los temas relacionados.

   La misiva enviada al organismo nacional lleva las firmas de Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario; Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales; Carlos Vaccaro, titular de la Cámara Argentina del Acero y Juan Carlos Vilanova, a cargo de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

   Según señalaron, la Ley N° 17.520 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obra pública, por un término fijo a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos, para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje.

   Por ese motivo expresaron que no coinciden en que se promueva, a través del Ecovina, la delegación a la Administración General de Puertos (AGP) la ejecución de obras de dragado, balizamiento y señalización de la Vía Navegable mediante la modalidad de contrato de obra o de concesión.

   En tal sentido, los empresarios señalaron que las licitaciones de cada tramo deben ser a riesgo empresario.

   “Sin costo alguno para el Estado, ni aval de éste de ninguna naturaleza, de forma que las tareas de apertura, mantenimiento y señalización de todos los tramos de la VNT se deben solventar con las tarifas pagadas por su propio tráfico".

   La nota consigna que resulta “más eficiente que se promueva una licitación pública que asegure la participación de las empresas especializadas más competitivas e independientes del mundo, para que cada tramo de la Vía Navegable permita minimizar costos logísticos a todas las cadenas de valor ligadas a ella, incrementar el ingreso de divisas, y viabilice los precios de las materias primas en las zonas de producción, contribuyendo a la ampliación de la frontera agropecuaria y al crecimiento de las economías regionales”.

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   Las entidades firmantes solicitaron una licitación pública "que asegure la participación de las empresas especializadas más competitivas e independientes del mundo", y que el cobro del peaje sea realizado por el concesionario, ganador de la licitación, directamente a los usuarios del tramo correspondiente de la VNT, para "evitar las incertidumbres sobre su pago generadas por la intermediación del Estado, incertidumbres que se transforman, inmediatamente, en incrementos de esa tarifa".

Sobre el dragado de los accesos a puertos 

   Por otra parte, el escrito también incluye observaciones y cuestionamientos respecto de la ejecución de obras de mejoras, ampliación, dragado, balizamiento y señalización de los accesos a los puertos fluviales de las provincias signatarias mediante el uso de la recaudación de los peajes de Santa Fe al Norte.

   Al respecto, indicaron que dichas obras son contrarias a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Actividades Portuarias N°24.093.

   "Si el Estado Nacional se hace cargo del dragado, balizamiento y señalización de los accesos a los puertos provinciales, utilizando para ello parte de los ingresos del peaje que cobrará por el dragado y balizamiento de la VNT, no solo estará violentando lo que expresamente establece la ley, sino que generará un trato discriminatorio respecto de los puertos de la Hidrovía que no pertenecen a las provincias signatarias, como los puertos privados, por ejemplo, que deberán seguir asumiendo esos costos, como lo hacen hasta ahora, con notoria afectación de sus derechos constitucionales de trato igualitario y de propiedad".

Peaje de Santa Fe a Confluencia

   Por último, las entidades expresaron varias observaciones a la tarifa de peaje impuesta en el tramo que va de Puerto Santa Fe hasta Confluencia de la VNT.

   En tal sentido, aclararon que no están “en contra de la contraprestación, paga, de un servicio que efectivamente sea prestado”. Sin embargo, consideran que “el nivel de la tarifa de peaje que se aplique a los artefactos navales debe ser acorde al valor originado por el servicio prestado” y que se “debe generar valor (mayores beneficios económicos que gastos) con un monto que debe ser fijado en base a una metodología de costos transparente”.

   Luego dijeron que en función de un estudio de factibilidad realizado por Latinconsult los ahorros generados por una licitación a riesgo empresario y sin costo ni aval del Estado, que mantenga las profundidades en 12 pies, el calado del canal en 10 pies y los anchos de solera adecuados para el tráfico, actual y proyectado, de trenes de barcazas y buques que navegan este tramo, incluyendo la incorporación de modernos sistemas de señalización y ayuda a la navegación, repagan una tarifa de equilibrio de US$ 0,66/TRN.

   Esto es “holgadamente inferior a la tarifa de US$ 1,47/TRN propuesta por la AGP, con soporte en vaguedades retóricas y no acabadamente documentarias”.